Tendemos a considerar la biblioteca pública como un espacio inocuo, alineado con los ideales de la justicia epistémica, que posibilita a la ciudadanía un acceso universal a la información ajeno a todo sesgo ideológico. Sin embargo, una mirada crítica más atenta nos revela que esta institución no es tan inocente como parece. En tanto máquina de distribución del conocimiento, la biblioteca pública se convierte a menudo en escenario de relaciones asimétricas de poder, susceptibles de limitar libertades a la ciudadanía. La gestión de estos invisibles mecanismos de poder, que no por pasarnos inadvertidos son menos reales, es una pieza clave para dar a las políticas bibliotecarias un giro más democrático o, en la dirección opuesta, autoritario. Michel Foucault dedicó gran parte de sus investigaciones filosóficas a desentrañar el funcionamiento de estas redes de poder y sus manifestaciones a través de las instituciones públicas. Foucault se centró en el estudio de las que son más abiertamente represivas: a través de prisiones, manicomios o escuelas, el sistema ejerce su control sobre ciudadanos que, privados de voz y libertades, quedan reducidos a reclusos, pacientes o alumnos. Sin embargo, el análisis foucaultiano es también perfectamente aplicable a las bibliotecas: instituciones preñadas de poder, que traicionan su vocación de espacios públicos al infravalorar a las personas como meros usuarios.

Vigilar y clasificar

En primer lugar, debemos ser conscientes de la fuente primera de este poder dentro de la sociedad democrática. La base de nuestro régimen jurídico radica en que los poderes públicos, como su propio nombre indica, emanan del pueblo, a resultas de ese contrato social que definieron los filósofos del siglo XVIII como matriz y fundamento de todo poder político que se precie de legítimo. Si las instituciones tienen poder es porque el pueblo lo ha delegado en ellas a fin de que organicen la convivencia. Algunas de estas instituciones, a las que el pueblo ha asignado la función de protegerlo de sí mismo, modulan este poder de una forma abierta e inequívocamente represiva: así ocurre con los sistemas penal y judicial, o con el sistema de coacciones, premios y castigos que caracteriza a nuestros actuales sistemas educativos, que siguen basándose en una relación jerárquica de poder entre profesor y alumno, muy lejos de los modelos horizontales de Jacques Rancière o Paulo Freire. La institución bibliotecaria no es ajena a esta dimensión represiva y disciplinaria de los poderes públicos, que se manifiesta bajo distintos disfraces:

• En la colección. La política de adquisiciones, la clasificación de los materiales o la visibilización de ciertos títulos en centros de interés conforman una tupida red de control que condiciona la relación de las personas con la información y los saberes. El conocimiento al que se accede en la biblioteca no es neutral: es el producto de relaciones de poder que actúan sobre los discursos, legitimándolos o marginalizándolos. A través de decisiones estratégicas sobre la composición y presentación de la colección, la biblioteca inevitablemente da prioridad a unas voces sobre otras, siguiendo una política que por lo general tiende a ser conservadora, habitualmente regida por la inercia y orientada a perpetuar las narrativas culturales, normas sociales y estructuras de poder dominantes.
• En la normativa de uso de los servicios, especialmente en el control de préstamos, que contempla apercibimientos y sanciones a los usuarios cuando se sobrepasa la fecha de devolución de los materiales o cuando se hace mal uso de estos. Aunque estas acciones disciplinarias están justificadas por el bien común, no dejan de obedecer a una lógica de control de carácter represor: amparada por un marco jurídico, la biblioteca se arroga la función de vigilar y castigar a quienes hacen uso de sus servicios.
• En el propio espacio bibliotecario. Más allá de los recursos de acceso a la información que ofrece, la biblioteca es un espacio que se significa a sí mismo como escenario, más o menos ritualizado, del encuentro entre ciudadanía y cultura. Dentro de los límites de este espacio se establecen una serie de normas sobre sus ocupantes, en las que se regula quién puede estar allí, qué actividades puede desarrollar, qué tono de voz debe usar (o, dependiendo de la estancia, guardar completo silencio), cuál debe ser su conducta o con quién puede relacionarse. Quien entra a este espacio sagrado, el témenos del templo bibliotecario, asume un recorte de su libertad de actuación, y su actividad dentro de él será más o menos dirigida según la permisividad de las políticas de cada institución.

En el corazón del análisis foucaultiano encontramos una relación estrecha entre el poder, el derecho y el discurso de la verdad, vértices de un triángulo que representa las dinámicas represivas del orden social. Un elemento clave en esta tríada es el régimen de verdad. En El orden del discurso, Foucault definía la voluntad de verdad como “una prodigiosa maquinaria destinada a excluir”; y esto atañe directamente a nuestro tema, ya que la biblioteca pública es susceptible de actuar como espacio de construcción de la verdad y, en consecuencia, como banco de pruebas para políticas de exclusión. La verdad produce poder. Las dicotomías verdadero/falso permiten al sistema científico establecer una jerarquía del conocimiento y al educativo una economía de premios y sanciones. Cuando las políticas culturales promovidas por un gobierno supuestamente democrático establecen un “discurso de la verdad” oficial, están mediatizando el poder delegado por el pueblo; en manos irresponsables, este poder puede canalizarse para forzar una redistribución jerárquica del conocimiento en las bibliotecas, ocultando ciertos discursos y visibilizando otros. De este modo la institución corre el riesgo de ser instrumentalizada por intereses partidistas para reestructurar los saberes y condicionar el acceso de la ciudadanía a la información, de una forma incompatible con los presupuestos democráticos en los que se fundamenta la misma institución bibliotecaria. En lugar de funcionar como espacios para el empoderamiento social e intelectual de la comunidad, las bibliotecas pueden devenir herramientas de control social, legitimando un sistema de hegemonía cultural bajo el paraguas de un discurso de la verdad oficial.

Esta maniobra de jerarquización de los saberes, impuesta sobre la política de colecciones, afecta igualmente a la gestión de las actividades culturales en la biblioteca. Las exposiciones de carácter didáctico, las conferencias pronunciadas por reconocidos especialistas o las presentaciones de libros a cargo de autores de prestigio son actividades ajustadas a un modelo vertical (top-down) de gestión cultural, donde el flujo del conocimiento es unidireccional: una élite cultural encargada de administrar los saberes selecciona los discursos que considera adecuados para un público entendido como espectador pasivo; estos discursos se ofrecen a la ciudadanía santificados por el refrendo institucional, revestidos de un aura de autoridad y legitimados por encima de otras opciones. Este modelo de gestión cultural, que se aplica por defecto en la programación de muchas instituciones, contribuye a reforzar un discurso de la verdad oficializado que choca frontalmente con la vocación plural y democrática de la biblioteca pública.

Espacios de no-verdad

Frente a este patrón que utiliza el poder delegado en la institución para promover un discurso de la verdad y vigilar las conductas de usuarios despersonalizados, es posible otra gestión de la biblioteca pública. El poder no tiene por qué ejercerse sobre la comunidad con carácter represivo (“La cultura es tortura”, decía Fermín Muguruza en sus años jóvenes, y no sin parte de razón), sino como potencialidad, entendiendo la institución bibliotecaria como un escenario para la reapropiación del poder por parte de la ciudadanía: literalmente, un espacio de reempoderamiento. Cuando la biblioteca se sitúa por encima del pueblo, olvida de dónde emana su legitimidad. Debe, por tanto, recobrar la conciencia de su misión original: al devolver al pueblo el poder que este había delegado en las instituciones, la biblioteca realiza un acto liberador que restituye el equilibrio de fuerzas inicial. Este esquema reemplaza la figura del usuario pasivo por la del ciudadano activamente implicado en la producción bibliotecaria: más que participante, colaborador; más que colaborador, cocreador. Para lograrlo, la institución debe renunciar a representarse como templo de una verdad absoluta: combatir la desinformación no significa imponer un discurso de la verdad, sino fomentar el pensamiento crítico entre la ciudadanía. La deslegitimación de un discurso único de la verdad desarticula el sesgo disciplinario de las relaciones de poder: una biblioteca verdaderamente embebida en un sistema democrático debe reconocerse como espacio de no-verdad, comprometido con el fomento de la pluralidad de pensamiento.

Por ello, la biblioteca pública debe replantearse sus funciones, priorizando el diálogo frente al discurso unidireccional y desmontando la jerarquización de los saberes que se mueven y se promueven en su interior: en sus anaqueles, en sus pasillos, en sus actividades, en sus estrategias de comunicación. Una biblioteca sana es un hervidero de narrativas bajo el signo de lo diverso y lo contradictorio; para crear un marco donde esto sea posible es necesario relativizar la función que se arrogan las instituciones públicas como legitimadoras de discursos. Esto puede hacerse con pequeños gestos simbólicos: por ejemplo, en los encuentros con autores o especialistas, eliminar el estrado o democratizar el uso de la palabra (evitando que los micrófonos, que establecen una jerarquía de las voces, sean propiedad exclusiva de la mesa) resignifica el acto para convertirlo en diálogo con la comunidad. Se trata de identificar los elementos donde se manifiesta capilarmente el ejercicio de una voluntad estratificadora que discrimina entre el discurso de la autoridad y los discursos silenciados del resto (la microfísica del poder de la que hablaba Foucault) y anular estos elementos de diferenciación uno a uno.

Asimismo, la normativa de la biblioteca debe estar abierta a que sean las personas usuarias quienes definan el uso de los espacios más allá de las previsiones institucionales. El cometido de la institución no solo es ofrecer la mínima resistencia a la apropiación creativa de sus espacios y recursos por parte de la ciudadanía, sino fomentarla en la medida de lo posible. En este sentido, el laboratorio ciudadano es la actividad paradigmática de la reapropiación del poder por parte de la comunidad. En un laboratorio de participación, la biblioteca ofrece un marco espacial y un conjunto de reglas lo más abierto posible, de modo que es la libre voluntad de los colaboradores la que se encarga de construir un proyecto como producto elaborado a partir de esa materia prima que es el poder-potencia que fluye libremente por las venas de la institución. En terminología marxista, la biblioteca entrega al pueblo los medios de producción del conocimiento.

En definitiva, la función legítima de la biblioteca pública es devolver a la ciudadanía ese poder que en virtud del contrato social le fue otorgado en un principio. Nuestra responsabilidad desde la gestión bibliotecaria es devolvérselo limpio, puro y sin letra pequeña: libre por completo de cadenas, juicios de valor y jerarquías. Esto nos exige un compromiso permanente de autoanálisis para identificar cada uno de los mecanismos invisibles a través de los cuales el poder trata de cristalizar en discursos de la verdad. Solo al localizarlos y desactivarlos podremos ofrecer a la ciudadanía una biblioteca pública fiel a sus principios como espacio de incertidumbres, océano de voces contradictorias, preñado de posibilidades y electrizado de poder: poder que no se ejerce sobre el individuo, sino que se transmite a su través.

Este texto no refleja la opinión del Ministerio de Cultura, sino la de su autor.

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